*Por Julieta Romagnoli, para Actualidad y Política.

El 15 de agosto de 1972, durante la presidencia de facto del general Alejandro Agustín Lanusse, 25 militantes de tres organizaciones armadas, coparon el penal de Rawson y huyeron en un operativo comando coordinado con apoyo exterior. Sólo seis de ellos, los jefes guerrilleros: Mario Roberto Santucho, Domingo Mena, Enrique Gorriarán Merlo (ERP), Roberto Quieto y Marcos Osatinsky (FAR) y Fernando Vaca Narvaja (Montoneros), lograron arribar a tiempo al aeropuerto y tomar por la fuerza un avión de Aerolíneas Argentinas para huir a Chile. El resto, 19 guerrilleros, se retrasó y no llegó a la estación aérea, se entregaron exigiendo la presencia de un juez y de los periodistas ante los cuales brindaron una conferencia filmada. Después fueron trasladados a la base Almirante Zar, en Trelew y encerrados en los calabozos del destacamento. Luego de eso, según la acusación, fueron colocados en fila y baleados. Tres de ellos lograron sobrevivir y su testimonio quedó registrado en el libro La Patria Fusilada de Paco Urondo, publicado en 1973. Luego serían desaparecidos durante la última dictadura militar.

En el juicio que se inició el 6 de Mayo y durará aproximadamente tres meses, circularán al menos unos 70 testigos. Están imputados el cabo Carlos Marandini, los capitanes de navío Luis Sosa, Emilio del Real, Rubén Paccagnini, Jorge Bautista, Horacio Mayorga y Roberto Bravo, que desempeñaron tareas en la base. Paccagnini y Mayorga están imputados por ser cómplices necesarios; Bautista, por encubrimiento; y el resto de ser los presuntos ejecutores materiales.

La apertura del proceso oral en el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia contra los responsables y ejecutores, ocurrida a casi cuatro décadas del trágico suceso, tal vez encuentre sus condiciones de posibilidad en la necesidad histórica de erradicar la impunidad y los efectos perversos de la misma. Durante estos últimos años se han ganado muchos espacios para la recuperación de voces y testimonios. Los cuales constituyen un aporte muy importante para la reflexión, para la conciencia de lo vivido, para la transmisión de múltiples visiones y la ofensiva a la interpretación desde el pensamiento único.

Existen todavía quienes tienen necesidad de un espacio para poner sus relatos, porque ya no quieren que esos relatos permanezcan aislados, se pierdan o queden como secreto de aquello de lo que no se debe hablar.

Algunas heridas sólo se podrán reparar a través del conocimiento y la obtención de datos, de la información y en definitiva de la verdad. Si hay todavía quienes son capaces de contar, permitirán que el pasado pueda convertirse en historia, pero para ello debe intentarse al menos, hacer el esfuerzo de comprender lo que ocurrió.

Aún así, el fenómeno del miedo es persistente puesto que todavía hay personas que no se animan a expresarse y exponer sus historias y, además, quizás, el hecho de no poder ponerlo en palabras es porque aún no se ha podido procesar, simbolizar internamente. La marca de la impunidad ha sido muy fuerte. Estamos ante un proceso muy largo. Esta marca, este drama social tan trascendente, en su momento cubrió con un manto de silencio a toda la sociedad, sin embargo podemos afirmar que todavía opera un fuerte fenómeno de autocensura.

Éste no es un tema exclusivamente de los familiares de las víctimas, es un tema de la sociedad en su conjunto. El rescate de la memoria histórica se ha convertido en una premisa fundamental. Se trata de ayudar a recuperarla, el Nunca Más debe hacerse efectivo.

La búsqueda de la verdad sobre los asesinatos, la explicación a los familiares, el reconocimiento social e institucional y la justicia reparadora, son tareas que forman parte de la recuperación democrática histórica. Pero tampoco ayuda este profundo déficit democrático que se materializa en una sociedad despolitizada y poco participativa.

No considerar un fenómeno histórico equivale a vaciarlo intencionalmente para manejarlo con determinados fines. Además, enfocar el protagonismo de algunos actores y subestimar, negar u olvidar a otros, contribuye a una visión parcializada del proceso histórico que, en nuestra sociedad puede estar instalándose. Desestimar la multiplicidad de actores que fueron importantes protagonistas, ya sea desde el movimiento popular, el movimiento sindical, el movimiento estudiantil –secundario y universitario- y los grupos políticos de la izquierda legal, supone mirar nuestra historia desde esta visión parcializada.

Tampoco debemos creer que la construcción del pasado implique la imposición de una única línea de investigación. El propósito es entender qué nos ha pasado en los últimos 40 años. Se ha hablado poco en el ámbito público, en relación a los años anteriores al golpe de Estado Poco se dice acerca de que las víctimas también fue gente desarmada, funcionarios públicos. Persiste todavía un imaginario colectivo anclado en la creencia de que, en la historia de nuestro país hubo un enfrentamiento entre dos bandos armados. Tal vez sea el conjunto de los actores de la sociedad, entre ellos periodistas, editoriales e historiadores, quienes estén reforzando esta falsa teoría de los dos demonios.

La tragedia de los desaparecidos ha logrado instalarse con mucho esfuerzo en nuestra sociedad. Pero hemos hablado poco y recordamos poco a los asesinados antes de la dictadura, a esos que murieron en cárceles de muertes que sospechosamente pudieron ser naturales.

A tal efecto, debe calificarse como trascendente el inicio del proceso de enjuiciamiento de la denominada Masacre de Trelew, dado que permite reparar una deuda histórica de la democracia: el juzgamiento de los responsables de crímenes aberrantes ocurridos antes de Marzo de 1976 y el propio hecho de todo lo que recién ahora se puede conocer a través de los testimonios. Esto constituye un gran desafío afrontado por la Justicia y que incumbe a toda la sociedad argentina.

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