Desde Medio Ambiente de la Municipalidad de Paraná se adelantó que tomarán contacto con universidades nacionales para encarar un estudio de radiaciones en las zonas con mayor densidad de antenas de celulares y de radio instaladas en la ciudad.

Si bien desde 2004 en la ciudad de Paraná está prohibida por ordenanza la instalación de nuevas antenas de telefonía celular, es una realidad admitida por funcionarios de gestiones anteriores, que sobre las estructuras existentes se le han ido instalando nuevos dispositivos adicionales, lo cual estaría violando la ordenanza. Asimismo, han sido de público conocimiento los casos en que las empresas, sin autorización, han colocado postes en diferentes barrios de la ciudad. En uno de ellos, en Juan L. Ortiz y Almafuerte, el vecindario logró que se desarmara la estructura, para emisión de señales de celulares, después de iniciar expedientes administrativos y hasta una acción judicial.

Ahora, nuevamente ha surgido el interrogante acerca del impacto de las radiaciones de estas antenas en la comunidad educativa de la Escuela Normal, así como también entre algunos padres del Colegio del Huerto. En esa zona, y a pocos metros unas de otras, se han instalado hace años al menos cinco antenas de telefonía celular, a las que se suman las de FM que está sobre Urquiza, frente a plaza 1º de Mayo.

Desde la comuna, se informó que la actual gestión no ha autorizado la colocación de nuevas antenas de telefonía celular, pese a los reiterados pedidos de empresas de telecomunicaciones, y se anunció que para evacuar las dudas que aún persisten en la población, el municipio está estudiando contratar a un equipo de una universidad nacional para que realice un relevamiento de radiaciones.

Hoy por hoy, quienes hacen este trabajo –entre otras instituciones públicas de contralor– son la propia Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, que inclusive presta servicios a empresas privadas. Para realizar las campañas de medición de radiaciones, además de personal técnico especializado –ingenieros– se necesita un costoso equipo.

Si la antena está en infracción, no es sencillo removerla. Baste un ejemplo: la de calle 25 de Junio y Catamarca, contra la cual pelearon los vecinos durante años, fue desmantelada recién al fines de 2011, 10 años después de haber sido erigida, a pesar de violar la legislación comunal. La estructura era un monoposte apoyado sobre el suelo, un tipo de soporte para antena que no está permitido en el centro, donde la ordenanza –sancionada en 2000– sólo autoriza antenas sobre edificios en torre.
Por ello, llama la atención la persistencia de un equipo de transmisión instalado en el corazón del microcentro. Se trata de la antena que está en la manzana delimitada por Andrés Pazos, Corrientes, Peatonal y Uruguay, colgada de una alta columna que pertenecía –según se informó desde Medio Ambiente comunal– a la antigua compañía estatal de teléfonos, y que emite sus señales a metros de las aulas de primer grado de la Escuela Normal.

Esta institución céntrica, que alberga niños desde el jardín maternal hasta el 5º año de la secundaria, se ve rodeada de antenas: hay una estructura sobre el edificio del Instituto del Seguro, otra sobre el Hotel Paraná, otra sobre un edificio lindero al Palacio comunal sobre calle Urquiza, y el poste sobre Andrés Pazos. Por otra parte, ahí cerca, sobre un edificio ubicado en calle 9 de Julio, frente al Colegio del Huerto, hay otra antena de telefonía celular. Además, hay antenas de radio pertenecientes a las FM que funcionan sobre la Plaza de Mayo. Y según la propia CNC, las antenas de radio tienen mucha más potencia de radiación que las de celular.

El secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Paraná, Leonardo Centurión –autoridad de contralor–, sostuvo que el municipio no está autorizando la instalación de nuevas antenas de telefoníar, ya que está vigente aún la prohibición de instalar nuevas estructuras en el ejido, respaldada por el Concejo Deliberante en 2004.

“En calle Artigas habían empezado una obra, pero notificamos y la frenamos, porque era una obra prohibida”, informó Centurión. Agregó que este año, una empresa de telefonía celular ha solicitado autorización para instalar cinco nuevas antenas en Paraná, pero no se ha dado curso. Explicó que en este momento las empresas están instalando “un tipo de antenas que aparecen camufladas, un formato de antena que consiste en un módulo tapado con mampostería que es más difícil de detectar” ya que quedan como dentro de un cajón, sobre los edificios. “Nos han pedido permiso para hacerlo pero no estamos de acuerdo con ese tipo de acciones”, señaló el secretario de Medio Ambiente comunal.

Además, anunció que es la intención de la Secretaría “avanzar en un acuerdo hablando con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) o con otra universidad nacional con el fin de que sea un institución pública la que haga las mediciones para que toda la población conozca qué grado de contaminación producen las antenas en la ciudad”, explicó. “Nos parece más creíble que sea una universidad la realice el trabajo, y no una empresa privada, y queremos avanzar en un acuerdo con respecto a las mediciones”, redondeó Centurión.

Se calcula que existen 300 mil celulares en Paraná, según la Secretaría de Medio Ambiente municipal, cuando la cantidad de habitantes es un poco menor a este número en que se suman adultos y niños. Esto indica que mucha gente tiene más de un teléfono móvil.
El defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, destacó un aspecto curioso del problema. “En la Defensoría tenemos una gran cantidad de actuaciones iniciadas por ciudadanos que se quejan por mala calidad del servicio de telefonía celular, por falta de señal, etcétera; y por otro lado, una gran cantidad de expedientes iniciados por ciudadanos preocupados por los efectos nocivos para la salud que pueden tener las emisiones de este tipo de antenas”, comentó. En estos últimos casos, la Defensoría “solicita formalmente a la CNC un estudio de radiaciones en la zona donde existen sospechas.

De todos modos, indudablemente, el vecino tiene derechos de gozar de un servicio de comunicación de calidad sin necesidad de exponer su salud, en la medida de lo posible. Y si no es posible, habrá que pensar escenarios más de fondo, qué tipo de existencia queremos y hacia dónde vamos realmente”.

En el país, se ha generado un nuevo problema en torno de la telefonía celular. Recién llegado de una reunión con defensores del Pueblo de todo el país, Garay apuntó una nueva cuestión que se ha generado en territorios de frontera, por ejemplo en las localidades lindantes con la República Oriental del Uruguay. En esas localidades, cuando el vecino llama, la señal pasa por la antena que está en el otro país, y la compañía cobra llamada internacional, explicó Garay. “El problema lo trajeron muchos defensores del Pueblo, de distintas ciudades. Vamos a elevar un documento a la Defensoría del Pueblo de la Nación para que investigue el tema, a ver cómo es legalmente la situación en las zonas fronterizas”, informó.

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